Réquiem por el periodismo

El periodismo se está muriendo. Es una muerte lenta y dolorosa. Y, mientras avanza hacia su aciago destino final, va dejando tras de sí el cadáver profesional de centenares de periodistas, algunos de los cuales no han gozado siquiera de tiempo para desarrollar esta profesión, la que un día, llenos de sueños, eligieron vocacionalmente.

     De aquello que un día el periodismo fue ya no queda ni la sombra. Los Gobiernos, los mercados, los lobbies… se han encargado de destruirlo. A ello ha contribuido también más de un periodista. Buitres carroñeros, caníbales, que en su afán de congraciarse con el poder no solamente se han entregado ellos mismos, sino que han vendido a su profesión y al resto de sus compañeros.

     Llegados a este punto, yo me pregunto en qué momento el periodismo se puso en manos del poder, cuál fue el punto de inflexión. Cuándo dejó de ser el Cuarto Poder para convertirse en el trapo zarrapastroso que pisotean cada día las instituciones y grandes empresas.

     Esta situación es especialmente flagrante en el caso de los medios de comunicación públicos, esos que pagan todos los españoles. Esos en los que cada vez es más evidente la manipulación informativa del Gobierno de turno. Un ejemplo de ello es la situación que atraviesa Canal Extremadura, al que quizá deberíamos llamar Canal Monago.

     La manipulación informativa de Canal Extremadura es más que evidente y ya insostenible. Por ello, sus trabajadores hicieron una huelga de dos horas el pasado viernes doce de diciembre y tienen convocada, esta ya de veinticuatro horas, otra para el jueves día dieciocho.

     Pero la manipulación de la información no es el único motivo de protesta. Lo es también la progresiva privatización del ente, especialmente de los servicios informativos. En este sentido, llama poderosamente la atención que los informativos televisivos sean los que cuentan con más trabajadores de productoras externas.

     La totalidad de los trabajadores de los servicios informativos, que tendrían que ser lo más público de lo público, deberían haber alcanzado su puesto de trabajo por oposición, como consta que sí hicieron algunos de ellos. Un sistema de selección por mérito propio y no por buenas relaciones, de manera que todos los periodistas de la región estuvieran en igualdad de condiciones a la hora de acceder a un puesto de trabajo que, insisto, habría de ser público.

censurado

     Respecto a la manipulación informativa, es de sobra conocido que desde el poder se ha intentado siempre, históricamente, controlar la información. Napoleón Bonaparte lo hizo subvencionando Le Moniteur Universel, controlando así lo que publicaba. Al mismo tiempo eliminó otras cabeceras y obligó a las que quedaron a divulgar las informaciones publicadas por Le Moniteur. Otros, como el cardenal Richelieu optaron por la creación de un medio de comunicación (en su caso un periódico, La Gazette) que se encargara de hacer la propaganda. Pero las medidas que siempre se llevaron más a cabo fueron la censura previa, las prohibiciones o la obligatoriedad de licencias, entre otros métodos.

     En España no nos libramos de eso,  y no solamente durante el franquismo, una época funesta en la que el Estado controlaba todos los medios de comunicación, gracias a la censura y a la política de incautaciones aplicada durante la Guerra Civil. Entre otros casos, nuestro país también sufrió la manipulación informativa a través de la Gaceta de Madrid, aparecida en 1661 al amparo de Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, quien utilizó la publicación como canal propagandístico, destinado a satisfacer sus ambiciones y ansias de poder (llevó a cabo más de una conspiración para alcanzar la Corona).

     Las diferencias estriban, si se fijan bien, en que la mayoría no eran medios de comunicación públicos, al uso de como hoy los conocemos. Pero, sobre todo, se trataba de gobiernos absolutistas o totalitarios y no gobiernos democráticos del siglo XXI. Precisamente, al tratarse de gobiernos democráticos, deberían ser los primeros que velasen por los medios de comunicación públicos, en aras de la pluralidad necesaria para la formación de una opinión pública libre.

     Por tanto, aquel gobierno que desee un órgano oficial de propaganda debería crearlo y pagarlo con los fondos de su partido y no utilizar los medios de comunicación públicos, los cuales deberían servir de referente periodístico, siendo ejemplos de pluralidad y objetividad para el resto de medios.

     Las instituciones, además, deberían tener claro que no subvencionan medios de comunicación,  o se publicitan en ellos, a cambio de inmunidad informativa, sino para garantizar la pluralidad, asegurando a los ciudadanos uno de sus derechos fundamentales, el derecho a recibir información veraz.

     Solamente cuando los gobiernos e instituciones tengan claro cuál es su labor con respecto a los medios de comunicación públicos, el periodismo podrá vislumbrar una salida de la situación límite en la que está inmerso, un coma en el que cada día que pasa sus constantes vitales van disminuyendo. Y si todo sigue así llegará un día en que ya no haya signos de vida. Aunque quizá sea necesario morir y resucitar para volver a ser fuerte.

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